Existe preocupación en los importadores de armas y empresas de seguridad privada por los procesos de importación y nacionalización de armamento y municiones que están paralizados debido al incremento del impuesto de consumos especiales (ICE), que desde el 21 de mayo pasado subió del 30 % al 300 %.
Esto después que la Corte Provincial de Pichincha emitiera una sentencia que deja sin efecto una baja del ICE que se dio en el gobierno de Guillermo Lasso, que redujo ese impuesto del 300 % al 30 %. Ahora, con la sentencia de la corte, el ICE volvió a como estaba antes de la reducción decretada por el régimen anterior.
Por esta razón, la Cámara de Empresas de Seguridad Privada y sus asociados solicitaron al presiente de la República, Daniel Noboa, que emita un nuevo decreto ejecutivo en el que se baje nuevamente este impuesto para armas y municiones del 300 % al 30 %. Jorge Villacreses, presidente de la cámara, aseguró que más de 10.000 armas, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas, se encuentran en las bodegas del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) sin poder ser nacionalizadas por el incremento del ICE.
Alba Rodríguez, vicepresidenta del gremio e importadora de armas, señaló que los importadores contratados por las empresas de seguridad trajeron cerca de 10.000 armas que negociaron con el 30 % de ICE, pero el Senae les indica que deben recalcular para pagar con el 300 % para poder sacar el armamento de las bodegas. “Es imposible que pase esto. Nosotros trajimos las armas, ya pagamos impuestos, el IVA, el ICE del 30 %, pero ahora nos dicen que debemos reformular y pagar el 300 % de ICE. Solo vendiendo mi casa podré salir de esas deudas“, lamentó Rodríguez.
La dirigente explicó que los trámites de importación son demorados: toman aproximadamente entre cinco y seis meses.
Y puso como ejemplo que un arma con todos los impuestos, que incluyen un ICE del 30 %, cuesta $ 1.500, pero con el ICE del 300 % sube a casi $ 5.000.
Por otro lado, Franklin Pozo, vocero de los importadores de armas, de los cuales operan alrededor de 60 en el país, detalló que ese armamento se importó para 352 empresas se seguridad que esperan renovar su rastrillo, lo que no han podido hacer desde hace 16 años, justamente por el elevado ICE que se debía pagar.
Pozo indicó que durante el tiempo en que estuvo el ICE al 30 % los importadores pudieron ingresar al país 10.000 armas, pero eso solo corresponde a una tercera parte del total que necesitan más de 90.000 guardias a nivel nacional.
Mientras, Villacreses indicó, preocupado, que mientras las armas sigan en el Senae se debe pagar ese bodegaje, lo que incrementa más los costos para los importadores. Además, aseguró que tener 10.000 armas en una bodega es peligroso, al señalar que rastrillos de la Policía y del Ejército han sido asaltados en anteriores ocasiones.
Ante la problemática, Rodríguez pidió al Gobierno que el decreto para bajar el ICE se emita esta semana. “No lo necesitamos en un mes: lo necesitamos esta semana”, indicó.
Fuente El universo